La Asociación de Profesionales de la Agroindustria, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios y representantes de pequeños mataderos han expresado su preocupación por un decreto emitido por el Poder Ejecutivo, que obliga la contratación de un regente veterinario para sus operaciones. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, ha sido calificada como una amenaza para la sostenibilidad de pequeños mataderos rurales en Costa Rica.
El decreto 4439, firmado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, y el presidente de la República, otorga la responsabilidad de la supervisión veterinaria al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), reemplazando así al Colegio de Médicos Veterinarios en esta función. Esta disposición podría incrementar en un 3% los costos operativos de los mataderos, lo que podría llevar al cierre de muchos establecimientos, especialmente en zonas rurales.
En una reciente reunión con legisladores como Cattia Cambronero del Partido Liberal Progresista, Ariel Robles del Frente Amplio y Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana, los representantes de los pequeños mataderos expusieron sus preocupaciones y solicitaron la intervención de los diputados para evitar que el decreto entre en vigencia en su forma actual. “Este decreto pone en riesgo a muchísimas familias en las zonas rurales”, advirtió la diputada Cambronero, quien lamentó la ausencia del ministro Carvajal en la comisión de agropecuarios para responder a estas inquietudes.
Guo Barca, secretario general de la Organización de Productores Agropecuarios (OPA), señaló que la nueva regulación afectará principalmente a los mataderos rurales y familiares, dificultando su acceso a los mercados. “Esta medida no solo encarece los costos de operación, sino que interrumpe los procesos establecidos en el sector agropecuario”, indicó Barca.
Por su parte, Mario Quesada, asesor jurídico de la Asociación de Profesionales de la Agroindustria, explicó que el decreto quitará al Colegio de Médicos Veterinarios la potestad de supervisar los mataderos y transferirá esta responsabilidad a una entidad internacional, lo que supone una transformación significativa en el sector.
Ante la inminente entrada en vigor del decreto, los representantes de los mataderos han manifestado su intención de continuar las gestiones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para alcanzar una solución que permita la supervivencia de estos pequeños negocios y evite el impacto negativo en las comunidades rurales de Costa Rica.