La Comisión de Ingreso y Gasto Público llamó a rendir cuentas al vicepresidente de la República, Stephan Brunner, sobre la polémica póliza contratada para cubrir posibles procesos legales contra el presidente Rodrigo Chaves y sus ministros. La iniciativa ha generado amplio debate entre los legisladores, quienes cuestionaron tanto su legalidad como su pertinencia.
El vicepresidente defendió la póliza argumentando que es “necesaria y justa” para proteger el patrimonio personal de los funcionarios públicos al enfrentar demandas derivadas del cumplimiento de sus funciones. Según Brunner, esta herramienta les permitiría desempeñar su labor sin temor a consecuencias legales que puedan comprometer sus bienes personales.
Entre las críticas, el diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, cuestionó al vicepresidente sobre si enfrentaba algún proceso penal, a lo que Brunner respondió afirmativamente, sin entrar en detalles. Además, el legislador destacó la importancia de la transparencia y del respeto a la ciudadanía en estos asuntos.
La discusión también incluyó preguntas sobre la implementación de la póliza, con legisladores como Katia Cambronero señalando la frecuencia de denuncias contra funcionarios como un “deporte nacional”. Sin embargo, Brunner no pudo precisar cuántas de estas denuncias provienen de los propios diputados, lo que generó más cuestionamientos.
Por su parte, Ariel Robles, del Frente Amplio, indagó sobre la autoría de la idea de la póliza. Brunner afirmó que puso el problema sobre la mesa en 2022 debido a experiencias personales, pero no recordó quién propuso específicamente la póliza como solución.
Ante la falta de claridad, los diputados aprobaron convocar a Mónica Araya, expresidenta del Instituto Nacional de Seguros, para que explique el papel de la institución en este tema. Asimismo, Brunner será citado nuevamente para concluir con las interrogantes pendientes.
El debate en torno a esta póliza refleja la creciente preocupación por la responsabilidad y el manejo de recursos públicos, en un contexto en el que las medidas de protección a funcionarios generan divisiones en la opinión pública y en la Asamblea Legislativa.
