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¡Por orden del Juzgado Penal de La Unión, en Cartago, quedan en libertad dos hombres que amenazaron con AKA-47 a dos agentes encubiertos del OIJ!

Los dos sujetos que confundieron a dos elementos encubiertos del OIJ por hombres de un grupo criminal y empuñaron armas letales contra éstos, están en libertad, según han confirmado a medios de comunicación, funcionarios judiciales.

Es tan impactante la mala noticia que hasta el presidente Rodrigo Chaves reaccionó en su perfil de red social X: «Sin comentarios. Ya he dicho todo lo que había que decir. Evidencia mata mentira». Valoró.

No da para más. Esto dice la ley

Artículo 195 del código penal sobre las amenazas agravadas: «Será sancionado con prisión de quince a sesenta días o de diez hasta sesenta días multa, a quién hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona, si el hecho fuere cometido con armas de fuego, o por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas».

Por increíble que parezca, no valió todo el esfuerzo, dinero gastado en la movilización de equipo humano y operativo, siquiera los elementos de pruebas hallados en los tres allanamientos que realizó el OIJ, y que confirmó el propio director Randall Zúñiga.

Según Randall Zuñiga director del OIJ durante el operativo se realizaron tres allanamientos se detuvieron a esas mismas personas que amenazaron a los agentes. Destacó que cuando una persona es interceptada con este tipo de arma, no existe una ventaja para la policía para repeler y por ello pidió comprar armas de aire15.

El Juzgado Penal de la Unión de Cartago resolvió la tarde del jueves 28 de diciembre las siguientes medidas cautelares por un plazo de seis meses para las dos personas que presuntamente amenazaron con armas de fuego a agentes del Organismo de Investigación Judicial en la comunidad de Linda Vista de Río Azul.

• Firmar cada 15 días en el despacho judicial en donde se tramita la causa.

No portar armas de fuego.

Salida del distrito de Linda Vista.

La causa se tramita bajo el número de expediente 23-001567-0071-PE. Lo resuelto no fue apelado por las partes.

Se aclara, además, que el presunto delito cometido por los imputados, *Amenazas agravadas*, tiene una sanción de 15 a 60 días de prisión; por lo que, tomando en consideración el artículo 10 del Código Procesal Penal que establece que las medidas cautelares deben ser proporcionales con la pena que pudiera llegar a imponerse, no procedía -en este caso- el dictado de prisión preventiva.

En cuanto al presunto delito de *Portación ilegal de armas*, pese a que existe un video en donde se observa a los sujetos portando lo que en apariencia son armas de fuego reales, procesalmente se requiere de indicios directos de que las armas son reales; y en el allanamiento efectuado no se encontraron armas relacionadas con el evento, por lo que se carece de prueba suficiente para dictar una medida cautelar privativa de libertad.