La Corte Plena acordó pedir a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves en un caso relacionado con un contrato de más de $400.000 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El acuerdo se da después de que Fiscalía General acusó a Chaves por el delito de concusión.
La concusión es un delito que se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a alguien a entregar un beneficio indebido.
En la Asamblea Legislativa ahora se conformaría una comisión especial y el plenario votaría para decidir si se levanta la inmunidad del presidente (se necesitan al menos 38 votos).
Si el Congreso vota a favor del levantamiento del fuero, le comunicará la decisión a la Sala III de la Corte, la encargada de lo penal. Es en ese momento cuando comienza el procedimiento jurisdiccional.
Uno de los cinco integrantes de esa Sala es designado para que desarrolle una investigación y recargue los cargos sobre los acusados. Ese magistrado debe indicar hora y fecha para el juicio público, que se lleva a cabo dentro de la misma Sala III y no en un tribunal común, con todas las reglas de un juicio normal y sus posteriores etapas de impugnación.
