La Iglesia Católica se ha manifestado en contra del proyecto de ley del expediente 23.928, el cual propone reformar el Código Penal para hacer responsables a las organizaciones que oculten o silencien delitos sexuales cometidos por sus integrantes, en especial aquellos dirigidos contra personas menores de edad. El pronunciamiento fue realizado por los sacerdotes Mauricio Granados y Carlos Certas, representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos.
El sacerdote Carlos Certas argumentó que el sacramento de la confesión es una estructura divina que “no puede ser modificada por el hombre,” y afirmó que ni el penitente, ni el ministro, ni la Iglesia misma pueden autorizar la divulgación de información obtenida en este contexto, pues su carácter confidencial está fuera de la “disposición de los hombres.” Certas subrayó que este principio ha sido defendido por la Iglesia incluso durante regímenes autoritarios y períodos de persecución, desde la época romana hasta dictaduras recientes en el siglo XX.
En la sesión, el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, consultó si la Iglesia había organizado marchas en favor de la protección de los menores, como la manifestación llamada “Nuestros Niños son Sagrados.” Por su parte, Mauricio Alvarado, de Nueva República, preguntó sobre las sanciones para los sacerdotes que rompan el secreto de confesión. La respuesta del padre Certas fue contundente, indicando que cualquier sacerdote que revele información confesional enfrenta la excomunión automática, que implica la exclusión del sacerdote de los sacramentos y de la “sombrilla de gracia” de la Iglesia.
La reforma propuesta busca dar respuesta a crecientes preocupaciones sobre la protección de la niñez y la transparencia en el manejo de denuncias de abuso, aspectos que han generado un intenso debate entre legisladores y representantes religiosos. La Comisión también aprobó una moción para escuchar la postura de la Fundación PANIAMOR, una organización que trabaja en la defensa de los derechos de los niños, quienes deberán aportar su análisis sobre la iniciativa en futuras sesiones.
