El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ratificó la legitimidad de la prueba que permitió la apertura de una causa penal en contra de tres fiscales y dos jueces, acusados de varios delitos relacionados con la corrupción en la función pública. La decisión fue tomada tras una apelación presentada por la Fiscalía Anticorrupción, lo que confirma el avance de las investigaciones.
Entre los delitos que se les imputan a los acusados están tráfico de influencias, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, divulgación de secretos y cohecho propio. Estos crímenes, de ser probados, reflejan un grave abuso de poder y una violación a los principios éticos que rigen la función pública.
La Fiscalía destacó que esta resolución reafirma la potestad del Ministerio Público para no solo continuar con el caso actual, sino también abrir nuevos procesos y realizar diligencias basadas en los elementos que puedan surgir de investigaciones previas. Esto implica que, si se detectan nuevos delitos de acción pública durante la indagación, podrían derivarse otros casos.
Con este fallo a su favor, el Ministerio Público refuerza su compromiso de combatir la corrupción y garantizar que aquellos responsables de manipular la justicia enfrenten las consecuencias de sus acciones.
