La diputada oficialista Ada Acuña Castro interpuso una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública
por presuntos nombramientos irregulares y conflictos de interés, orquestados desde la Gerencia General y el Departamento de Recursos de la Asamblea Legislativa.
“Hay que poner un alto a este festín de nombramientos e irregularidades. Hijos, esposos, hermanos…. familiares de funcionarios y diputados con trajes a la medida para ser nombrados. Es una espiral de corrupción que ha resonado en los pasillos de la Asamblea Legislativa y que, a muchos -incluidos compañeros diputados y altos funcionarios- les ha servido callar, porque se ven beneficiados. Esto tiene que salir a la luz y parar. El sindicato había hecho fuertes advertencias, y muchos prefieren cómodamente ignorarlas, pero esta diputada tiene un compromiso con el país en contra de la corrupción, y eso empieza desde este Congreso.” enfatizó Acuña Castro.
La legisladora denuncia: “actuaciones irregulares y presuntas
omisiones por parte de la Gerencia General, encabezada por la
funcionaria Karla Granados respecto de la implementación de cambios
en estructura organizacional y movimientos de personal clave”,
violentado la normativa interna y un debilitamiento de la gobernanza.
Asimismo, alega que “se han promovido más de una docena de
nombramientos de familiares de funcionarios que laboran en la
Gerencia General y en el departamento de Recursos Humanos, a pesar
de la existencia de conflictos de interés notorios y evidentes, utilizando
sus influencias en el cargo. Ha funcionado una especie de
cambalache de plazas. La figura del nombramiento interino se ha
utilizado para el nombramiento de personas allegadas a
funcionarios del área administrativa y de diputados de la Asamblea
Legislativa sin pasar por concursos públicos.”
En los hechos denunciados, también se apunta de manera contundente
que “la Primera Secretaria del Directorio Legislativo (Diputada Melina
Ajoy Palma (período 2022-2023); Maria Marta Carballo Arce (2023
2024); Carlos Felipe García Molina (2024-2026), en sus distintos
períodos de nombramientos, se han complotado con la Gerencia
General y el Departamento de Recursos Humanos para realizar
nombramientos irregulares sin haber comprobación de idoneidad ni
transparencia de los procesos concursales y mucho menos apego a
criterios técnicos o legales.”
Por último, se señala que “durante el presente cuatrienio, ni la Gerencia
General y ni el Departamento de Recursos Humanos han implementado
el registro de elegibles como lo ordena la Ley de Empleo Público.”
La congresista aportó como pruebas dos informes de auditoría interna
de la Asamblea Legislativa. (AL-AUIN-DSP-0003-2025 del 16 de junio
de 2025 y AL-AUIN-DSP-0007-2023 del 14 de diciembre de 2023); una
denuncia del Sindicato de la Asamblea Legislativa-UTRALEG y dos
oficios con datos oficiales del Congreso. (AL-DRHU-OFI-0961-2025 del
2 de julio de 2025 y AL-FPPSD-DACC-122-2025 del 12 de junio de
2025.)
Las acciones denunciadas reflejan una mancuerna de la Gerencia
General, el Departamento de Recursos Humanos y la secretaria del
Directorio y violentarían los principios de: legalidad, objetividad,
transparencia, imparcialidad, igualdad, eficacia, probidad, idoneidad,
credibilidad de la función pública; los artículos: 4,11, 14, 15, 16 y 17 de
la
Ley de Empleo Público y la Ley Contra la Corrupción y
Enriquecimiento Ilícito.
