Carlos Tiffer Sotomayor, reconocido especialista en Derecho Penal, junto con Rafael Segura Bonilla y Marianela Corrales Pampilla, magistrados suplentes de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, expresaron serias dudas sobre el proyecto de ley 24006, el cual propone habilitar la Declaratoria de Crimen Organizado Juvenil.
Los expertos señalan que la propuesta carece de datos sólidos que demuestren la urgencia y proporcionalidad de la medida, especialmente en lo que respecta a la participación de menores en actividades relacionadas con el narcotráfico. Uno de los principales cuestionamientos radica en que el proyecto equipara las sanciones para menores de edad con las aplicadas a adultos, lo cual, según los magistrados, no toma en cuenta las diferencias legales y de desarrollo entre ambos grupos. Además, la iniciativa propone aumentar los plazos de prisión preventiva, una medida que ha generado gran controversia.
Carlos Tiffer Sotomayor destacó que el proyecto plantea la posibilidad de imponer medidas cautelares antes de la presentación de una acusación formal, lo cual contradice lo establecido en la Ley de Justicia Penal Juvenil, que requiere una acusación previa para aplicar dichas medidas. Esta irregularidad, según Tiffer, vulnera los derechos de los menores al debido proceso.
El proyecto también propone la creación de una base de datos que incluiría información de menores involucrados en delitos de crimen organizado. Esta medida ha sido criticada por su posible estigmatización y por la falta de una distinción clara entre aquellos menores que cometen delitos por sí mismos y aquellos que son utilizados por adultos en actividades delictivas, como el narcotráfico.
La legisladora Gloria Nava, una de las impulsoras del proyecto, ha defendido la propuesta señalando que se necesita una legislación más estricta para combatir la creciente participación de menores en actividades delictivas. Sin embargo, los especialistas argumentan que las leyes actuales, como la Ley de Justicia Penal Juvenil, son suficientes para juzgar cualquier delito, incluso aquellos vinculados con el crimen organizado.
Actualmente, más de 200 menores de edad se encuentran en centros penales por diversos delitos, lo que evidencia que el sistema judicial juvenil ya cuenta con mecanismos para enfrentar esta problemática. Según los críticos, la nueva ley no aportaría soluciones significativas para reducir la participación de menores en actividades delictivas en comunidades de alta vulnerabilidad.
La propuesta de ley 24006 continúa generando debate en los sectores judiciales y políticos del país, con opiniones divididas sobre su efectividad y la necesidad de su implementación.
