El diputado Pablo Sibaja, del Partido Nueva República, presentó ante la corriente legislativa un proyecto de ley que busca imponer penas de prisión para quienes, durante manifestaciones, oculten su rostro y cometan actos vandálicos como rayar o dañar edificaciones públicas o privadas, viviendas o bienes muebles.
La propuesta, contenida en el expediente 2695, establece sanciones que van desde 10 a 30 días de cárcel para aquellos que obstruyan el tránsito vehicular o peatonal durante las protestas. Estas penas se incrementan a 60 días si los implicados realizan dibujos, grafitis o daños en propiedades públicas o privadas. Además, las sanciones aumentarán en un tercio si las acciones se realizan ocultando la identidad con capuchas, pañuelos u otros artículos.
“No podemos seguir permitiendo que las protestas se conviertan en actos de pura violencia y daños a la propiedad. Estos actos generan costos que terminan siendo pagados por los costarricenses con sus impuestos”, afirmó Sibaja.
El legislador aseguró que la iniciativa no busca limitar el derecho de reunión ni la libertad de expresión, sino garantizar que las protestas se lleven a cabo de manera pacífica y sin afectar a terceros. Según Sibaja, la propuesta es una respuesta al hartazgo de la sociedad ante los constantes daños a la propiedad pública y privada durante manifestaciones violentas.
El diputado también subrayó la importancia de dotar a la fuerza pública de herramientas legales para identificar y sancionar a los responsables de estos actos. No obstante, reconoció que es fundamental abordar las causas profundas del descontento social y la violencia para prevenir estos comportamientos en el futuro.
El proyecto ha generado un debate en torno a los límites de la protesta social y las medidas necesarias para preservar el orden público sin restringir derechos fundamentales. La discusión legislativa determinará el futuro de esta controvertida propuesta.
