El Juzgado Penal de San Carlos ordenó 15 días de prisión preventiva para 18 personas detenidas el lunes por extraer ilegalmente material minero en el cerro Fortuna, Crucitas, en la frontera norte de Costa Rica. Los implicados, todos nicaragüenses en condición migratoria irregular, fueron aprehendidos durante una operación relámpago realizada por la Fuerza Pública.
Esta es la primera vez que un grupo tan numeroso de oreros es detenido y enviado a prisión preventiva en un solo caso, lo que representa un precedente en la lucha contra la minería ilegal en la región.
Detalles de la operación
La intervención, liderada por la Fuerza Pública en coordinación con la Fiscalía de San Carlos, se realizó de manera sorpresiva, logrando decomisar 60 herramientas utilizadas para la extracción ilegal, entre las que destacan palas, picos, martillos y bombas sumergibles.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, destacó que esta acción refleja el compromiso de las autoridades con la protección del ambiente y el combate a una actividad que genera graves daños ecológicos, especialmente a las fuentes de agua de Crucitas.
Un golpe a la logística criminal
Además de las detenciones, las autoridades han enfocado sus esfuerzos en desmantelar la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales que operan en la zona. En la última semana, se desmantelaron ocho centros de extracción ilegal y se confiscaron equipos de alto valor económico, como tómbolas, generadores eléctricos y vehículos.
Zamora resaltó que estas acciones son el resultado de labores de inteligencia policial, que permiten anticiparse a los movimientos de las bandas dedicadas a la minería ilegal. Asimismo, subrayó que la prioridad es atacar directamente las cadenas logísticas que sostienen esta actividad ilícita.
El impacto ambiental de la minería ilegal
La minería ilegal en Crucitas no solo afecta los recursos naturales, sino que también pone en riesgo la salud pública debido al uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio en los procesos de extracción.
Con estas acciones, las autoridades costarricenses reafirman su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los recursos naturales del país, mientras se espera que los detenidos enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
