El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fundación PANIAMOR apoyan la creación de un registro público para personas sentenciadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. La propuesta, contenida en el Expediente 23.888, fue presentada ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde Rosa María Jiménez, jefa de violencia de género del OIJ, resaltó la importancia de esta medida para monitorear a los condenados y prevenir la reincidencia.
Jiménez argumentó que muchos ofensores sexuales reinciden, en especial en el entorno familiar, y destacó que el registro facilitaría el seguimiento de aquellos que han cumplido su condena. “Es necesario detener a los ofensores reincidentes que abusan de miembros de su familia, como hijos, nietos o sobrinos”, afirmó la funcionaria.
El proyecto, además, contempla la posibilidad de establecer un plazo para que los sentenciados permanezcan en el registro, aunque este aspecto sigue en debate. Pilar Cisneros, diputada oficialista, sugirió la necesidad de definir el tiempo en que los ofensores reincidentes deberían ser incluidos en el registro, tomando en cuenta la persistencia del riesgo que representan.
Dictamen positivo para otros proyectos relacionados con seguridad
Además de este proyecto, la Comisión también dictaminó positivamente el Expediente 23.990, que reforma la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, y el Expediente 24.162, que busca sancionar a quienes introduzcan ilegalmente teléfonos u otros dispositivos electrónicos en los centros penitenciarios del país. Estos proyectos pretenden mejorar la seguridad en diversas áreas, desde los servicios privados hasta los centros de reclusión en Costa Rica.
