Líderes indígenas de distintas comunidades han alzado la voz para denunciar la grave situación de ocupación ilegal y violencia en sus territorios. Según Fanny Reyes, representante de la comunidad indígena, más del 80% de las más de 9.000 hectáreas del territorio de Terra están ocupadas de manera ilegal por personas no indígenas, generando un clima de inseguridad y peligro constante. Reyes subrayó que ya han sido asesinados dos líderes indígenas y que los responsables, conocidos como “rinqueros”, actúan con impunidad respaldados por un sistema estatal que no ha tomado medidas contundentes para castigar la violencia.
Reyes expresó su preocupación por la falta de acción del Estado, lo que envía un mensaje peligroso: la violencia contra las comunidades indígenas no tiene consecuencias. “El saneamiento del territorio es urgente”, enfatizó, explicando que la inseguridad ha afectado profundamente la vida de las familias indígenas.
Por su parte, la diputada Rocío Alfaro Molina, de la Fracción Parlamentaria del Frente Amplio, criticó la estructura estatal, señalando que persiste un racismo profundo que promueve la impunidad. Alfaro destacó que cuando se permite la impunidad, se alimenta la violencia, y citó como ejemplo los casos de Sergio Rojas y Jerry Rivera. Rojas, un líder indígena asesinado en 2019, estaba bajo medidas de protección internacionales que el Estado costarricense no garantizó. Por otro lado, Rivera fue asesinado por un individuo que confesó el crimen, pero fue absuelto por el sistema judicial, lo que ha generado indignación en las comunidades indígenas.
Alfaro también denunció la influencia de poderosos intereses económicos en las decisiones judiciales en zonas como Buenos Aires, donde predominan las plantaciones de piña y la ganadería extensiva. “Aquí no se trata solo de un conflicto entre indígenas y campesinos, sino de un poder económico que está detrás de las decisiones injustas”, afirmó la diputada, quien instó a que el caso escale a nivel internacional.
Seydi Rodríguez, otra líder indígena de la región costera, señaló que la situación en su territorio es aún más crítica debido a la presencia del narcotráfico, lo que convierte la lucha por las tierras en un desafío aún más peligroso. “Hablar de temas de tierra es jugársela contra esos problemas de narcotráfico”, declaró Rodríguez, refiriéndose a la complejidad del conflicto en su comunidad.
El caso pone en evidencia la necesidad de una intervención urgente para garantizar la seguridad, los derechos humanos y la justicia para los pueblos indígenas de Costa Rica, cuyos territorios están en constante riesgo de ocupación ilegal y violencia.
