La Comisión Permanente Especial de la Mujer ha dado su respaldo al expediente 24.372, una reforma clave a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. La propuesta introduce medidas de acción afirmativa en los concursos públicos del país, con el fin de reducir las brechas de género en el acceso a posiciones laborales en el sector público, tanto en instituciones centralizadas como descentralizadas.
La legisladora Alejandra Larios explicó que, pese a los convenios internacionales que el país ha firmado y las disposiciones de la Constitución Política, en la práctica persisten grandes desigualdades de género. La reforma plantea la inclusión de estudios técnicos, realizados por las oficinas de recursos humanos de las instituciones, que identifiquen si existe una brecha de género en la ocupación de puestos, ya sea en interinatos o en propiedad, en los últimos cinco años. En los casos donde se confirme dicha brecha y haya una proporción de al menos dos hombres por cada mujer, se permitirá abrir concursos dirigidos exclusivamente a mujeres.
“Es un avance importante en la lucha de las mujeres por visibilizar la desigualdad en los espacios de poder y tomar acciones concretas para corregirla”, comentó la legisladora Rocío Alfaro. Además, destacó la necesidad de identificar y legislar sobre las áreas en las que persisten desigualdades, particularmente en el contexto actual, donde a nivel global y nacional se enfrenta un entorno cultural que busca retroceder en los derechos de las mujeres.
La congresista Carolina Delgado subrayó que uno de los retos es fortalecer la participación femenina en áreas técnicas y científicas, como las carreras STEM, donde las mujeres aún están subrepresentadas. “Es importante generar apertura para que las mujeres accedan a estas áreas profesionales, de manera que puedan ocupar puestos técnicos y de decisión en sectores productivos como el de las zonas francas, donde actualmente no tienen igual acceso”, señaló.
El proyecto también adiciona un artículo 4 bis a la ley, el cual permite que, en condiciones justificadas, las instituciones públicas abran concursos dirigidos exclusivamente a mujeres, como una estrategia de reclutamiento y selección de personal en pro de la igualdad de oportunidades.
Esta reforma marca un avance en los esfuerzos legislativos para cerrar las brechas de género en el ámbito laboral, apostando por la implementación de políticas de acción afirmativa que faciliten la integración y participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y roles técnicos.
