La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Expediente 24.095, conocido como la “Ley para el fortalecimiento del marco sancionatorio de los delitos cometidos con armas de fuego prohibidas”. Esta reforma, que modifica tanto la Ley de Armas y Explosivos (Ley N.° 7530) como el Código Penal (Ley N.° 4573), busca reforzar la seguridad pública a través de un aumento en las penas para quienes cometan crímenes con armas de fuego prohibidas.
La nueva legislación establece penas de entre 6 y 10 años de prisión para quienes fabriquen, posean o distribuyan piezas o componentes que permitan transformar armas permitidas en prohibidas sin la debida autorización. La medida responde a un incremento en el uso de armas ilegales en actividades delictivas, lo que ha impulsado al Congreso a tomar acciones más severas para frenar la violencia y la inseguridad en el país.
Con esta reforma, el Estado costarricense fortalece su postura contra la fabricación y distribución de armas modificadas, buscando reducir el acceso a armamento ilegal y su uso en delitos graves. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo de legisladores y sectores de seguridad, quienes esperan que estas medidas disuadan la fabricación y tenencia ilegal de armas peligrosas.
La ley entrará en vigencia una vez sea firmada por el Poder Ejecutivo, como parte de los esfuerzos continuos de Costa Rica por reforzar el control de armas y combatir la criminalidad en el país.
