La ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, no logró convencer a los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos de Gobierno y Administración al defender el proyecto de ley conocido como “Ley Jaguar” (Expediente 24.467). Esta iniciativa busca reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de Contratación Pública para mejorar la supervisión estatal en empresas con participación pública minoritaria, entre otros cambios.
Durante la sesión, Fernández insistió en que el gobierno está comprometido con la transparencia y destacó que la propuesta no busca debilitar a la Contraloría, sino permitir una mayor eficiencia en la gestión pública. Sin embargo, su exposición generó críticas entre los legisladores, quienes cuestionaron la claridad y la dirección de la iniciativa.
La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional, señaló que esperaba soluciones concretas y no una posición que, según ella, parecía dar marcha atrás en los compromisos asumidos con los ciudadanos, especialmente en la provincia de Limón. “En lugar de cumplir, nos están diciendo que no aprobemos esta ley. Es un mensaje confuso para los costarricenses”, afirmó.
Por su parte, el jefe de fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega, preguntó si el Ejecutivo planea insistir con una cuarta versión de la “Ley Jaguar”. En contraste, Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, sugirió abandonar la propuesta y concentrarse en otros proyectos más viables. “Pasemos la página y enfoquémonos en iniciativas que realmente aporten valor a la ciudadanía”, expresó.
A pesar de las críticas, el proyecto permanece en la agenda prioritaria del periodo de sesiones extraordinarias enviado por el Ejecutivo al Congreso, lo que indica que el gobierno aún considera esta iniciativa como fundamental para su gestión. Sin embargo, la falta de consenso plantea un desafío significativo para su eventual aprobación.
La “Ley Jaguar” continúa siendo tema de debate, en medio de un clima político marcado por dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para consolidar acuerdos en torno a su agenda legislativa.
