Con una votación de 5 a 3, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio luz verde al expediente 23110, que establece una ley para regular el servicio de transporte privado colaborativo mediante plataformas tecnológicas. Esta propuesta busca formalizar el trabajo de los prestadores de servicios y establecer responsabilidades fiscales y sociales.
Entre los requisitos para los conductores que utilizan estas plataformas está la obligación de registrarse ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y cumplir con las normativas tributarias vigentes, incluyendo la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Para las empresas que operen plataformas tecnológicas, el proyecto estipula que deben acatar las regulaciones fiscales del país. Además, la CCSS podrá crear un sistema diferenciado para la formalización y recaudación de las cargas sociales de los conductores. En un giro novedoso, la propuesta también habilita a los taxistas a desarrollar y utilizar sus propias plataformas tecnológicas, permitiéndoles negociar tarifas directamente con los usuarios a través de estas herramientas.
No obstante, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, expresó su preocupación sobre el proyecto. Guillén advirtió que podría desnaturalizar la relación laboral de los conductores al tratarlos como trabajadores independientes, lo que, según ella, abre una puerta para que las empresas evadan sus responsabilidades en cuanto a cargas sociales y el Código de Trabajo.
Por otro lado, el proponente de la iniciativa, el diputado liberal progresista Gilberto Campos, destacó que la propuesta es un esfuerzo para actualizar la legislación del país y adaptarla a los tiempos modernos, aclarando que la ley no está pensada para beneficiar a una o dos empresas, sino a cualquier plataforma nacional o internacional que opere o quiera operar en Costa Rica.
La diputada Monserrat Ruiz Guevara también apoyó el proyecto, destacando que este busca equilibrar el sector del transporte y no destruir el transporte público, sino nivelar las condiciones en un entorno económico y social cambiante.
El proyecto de ley pasará ahora al plenario legislativo para continuar su proceso de aprobación.
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