El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, anunció que presentará una demanda por difamación contra la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, a raíz de declaraciones realizadas por esta última durante una entrevista en el programa Matices. Guillén afirmó que Costa Rica se encuentra en una situación de “narco-estado”, lo que ha generado un intenso debate en el ámbito político nacional.
Durante su intervención, la diputada aseguró que tiene información confidencial que vincula a las autoridades del país con el narcotráfico, especialmente en las zonas costeras de Drake y Sixaola. Además, denunció que grandes cantidades de cocaína están saliendo del país hacia Europa a través de APM Terminals, el principal puerto de contenedores, sin ser detectadas por los escáneres, lo que, según ella, refleja un alto grado de corrupción en las instituciones de seguridad.
Ante estas acusaciones, el ministro Zamora respondió enérgicamente, aclarando que la afirmación de Guillén sobre el “narco-estado” es inexacta y carece de pruebas. “El término ‘narco-estado’ implica una infiltración del narcotráfico en los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Costa Rica enfrenta grandes retos en materia de seguridad, pero no hay evidencia que respalde tal acusación”, afirmó Zamora, al tiempo que subrayó que las declaraciones de la diputada dañan la imagen del país a nivel internacional.
Zamora calificó las afirmaciones como “calumniosas, injuriosas y difamatorias”, señalando que la diputada tendrá que demostrar ante los tribunales la veracidad de sus acusaciones. Según el ministro, el país ha reforzado su lucha contra el crimen organizado, aunque reconoció que las bandas criminales han sofisticado sus métodos de operación.
A pesar de las advertencias legales, Sofía Guillén ha reafirmado su posición, alegando que no revelará las fuentes de su información por motivos de seguridad. El conflicto entre ambos actores políticos promete intensificar el debate sobre el narcotráfico y la corrupción en Costa Rica, temas que continúan siendo una preocupación creciente para la ciudadanía.
El proceso judicial que podría derivarse de este caso será seguido de cerca, dado el impacto que podría tener tanto en el gobierno como en la percepción pública sobre la situación de seguridad en el país.
