Costa Rica atraviesa un momento de alarma debido a la creciente violencia contra las mujeres, con 63 víctimas de homicidio en lo que va del año, de las cuales 26 casos son investigados como violencia doméstica, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El reciente asesinato en Purral de Goicochea suma un caso más a esta trágica estadística, suscitando un fuerte llamado de atención hacia la protección de las mujeres en situación de riesgo.
El crimen más reciente ocurrió en la localidad de Purral de Goicochea, donde una mujer fue apuñalada por su pareja, quien ya tenía medidas cautelares en su contra, interpuestas por la víctima. La mujer había denunciado previamente a su agresor, pero las medidas no evitaron este fatal desenlace.
El OIJ informó que las investigaciones apuntan a esclarecer si el incumplimiento de las medidas de protección pudo haber contribuido a este desenlace trágico. Este nuevo caso resalta las fallas en el sistema de protección para víctimas de violencia doméstica, un problema que diversos colectivos y organizaciones de derechos humanos vienen señalando en Costa Rica.
Medidas y esfuerzos insuficientes
El país ha implementado programas y líneas de ayuda como el 911 para violencia doméstica y el servicio Línea Rosa, además de fortalecer el seguimiento judicial a agresores. Sin embargo, el incremento de los casos y la letalidad en las agresiones contra las mujeres señalan una crisis de protección que requiere soluciones más efectivas y preventivas.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han reiterado la urgencia de mejorar el sistema de seguimiento y protección para evitar nuevos casos de violencia letal. También han llamado a revisar los protocolos de respuesta rápida y a brindar mayor acompañamiento psicológico y legal a las víctimas, destacando que la violencia machista es un problema estructural que requiere un abordaje integral.
Cifras alarmantes y el llamado a la acción
Las 63 muertes de mujeres en lo que va del año, con 26 casos relacionados con violencia doméstica, son un reflejo de un problema que va más allá de las cifras y representa una crisis que afecta a toda la sociedad costarricense. Especialistas, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos piden un esfuerzo conjunto entre autoridades, sociedad y gobierno para frenar esta alarmante ola de violencia y crear un ambiente seguro para todas las mujeres en el país.
Mientras se esperan mayores esfuerzos gubernamentales y se aboga por una cultura de respeto y protección, el clamor por justicia y seguridad sigue creciendo entre la población.
